El grupo de ransomware RansomHub ha cumplido su amenaza y liberó un archivo de 210 GB de información confidencial de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF). Este ataque, además de exponer la seguridad de las redes gubernamentales, plantea graves riesgos para la ciudadanía.

📁 La filtración: ¿Qué datos incluye?

El archivo, disponible en la dark web, contiene información crítica que podría incluir:

• Contratos y datos financieros del gobierno.

• Información confidencial sobre estrategias legales, decretos y juicios clave.

• Detalles sobre la estructura interna de las redes gubernamentales, lo que podría facilitar futuros ataques.

Según expertos, esta información podría ser utilizada con fines delictivos, como fraudes, extorsiones y ataques dirigidos.

Riesgos principales de esta filtración

1. Impacto en la seguridad nacional

La CJEF, encargada de validar decretos e iniciativas legales, es clave en la operatividad del gobierno. La filtración de datos internos podría:

• Exponer estrategias legales relacionadas con decisiones críticas del Ejecutivo.

• Dejar al gobierno vulnerable a ataques cibernéticos más sofisticados.

2. Afectaciones a ciudadanos y funcionarios

Los datos filtrados podrían incluir información personal de empleados y ciudadanos, lo que incrementa los riesgos de:

• Extorsiones y fraudes.

• Amenazas dirigidas a funcionarios de alto nivel.

3. Un precedente para futuros ataques

Este ataque refleja una falta de protocolos sólidos de ciberseguridad en el gobierno, abriendo la puerta a que otras dependencias sean objetivo de grupos como RansomHub.

RansomHub: Un grupo que siempre cumple sus amenazas

RansomHub es conocido por su capacidad de liberar información masiva de manera inmediata. En México, ha atacado a organizaciones como:

• UNAM,

• OMA,

• Mabe y

• El Debate.

El patrón es claro: incumplir con las exigencias de este grupo resulta en la publicación inmediata de datos.

Lecciones de la filtración: ¿qué debe hacer el gobierno?

Esta crisis subraya la urgencia de:

1. Actualizar los protocolos de ciberseguridad en todas las dependencias gubernamentales, en el menor período de tiempo posible.

2. Implementar estrategias para detectar y mitigar riesgos de insiders.

3. Capacitar al personal en buenas prácticas de seguridad informática.

Además, se requiere una mayor transparencia por parte del gobierno para abordar este tipo de incidentes de manera responsable y proteger a los ciudadanos afectados.